XVI Seminario Fernando Buesa. 2018

El final definitivo de ETA ha dejado diversas cuestiones pendientes. Una de ellas es la política penitenciaria a llevar a cabo una vez que ya no existe la banda terrorista. Históricamente, este ha sido un tema complejo y controvertido, en particular, para las víctimas y sus asociaciones, pero también para la ciudadanía, justamente recelosas de la posibilidad de un tratamiento favorable a los condenados por delitos de terrorismo. A la vez, se reconoce lo pertinente de una política de reinserción que promueva el reconocimiento sin ambages no sólo del daño causado, sino también de lo injusto del mismo, así como en el compromiso de reparación.

Cómo tenga que ser esta política es algo que se necesita pensar y discutir. Tan negativo sería un rechazo absoluto de cualquier política penitenciaria de reinserción como adoptar una sin valorar sus consecuencias. No estamos en los años ochenta del pasado siglo, cuando lo abrumador de la presión terrorista propició una política de “paz por presos” que supuso la excarcelación de reos y huidos sin mayores problemas. Después de tantos años de sufrimiento, la sociedad actual es mucho más exigente y las víctimas se han ganado a pulso el derecho a no ser nuevamente obviadas.

Con todo, la idea actual de justicia sigue remitiendo en nuestro país a las específicas posibilidades que propician la Constitución y la ley penitenciaria. En ambos casos se establece el criterio de reinserción y no de venganza. En esa línea se han llevado a cabo experiencias que han resultado realmente positivas (vg. la llamada “vía Nanclares”).

El asunto es complejo, pero el momento invita a abordarlo desde el consenso con detenimiento y mesura. Con una hipotética reinserción ganarían los presos que hagan ese camino, tanto en el cumplimiento de sus penas como en la recuperación de su humanidad perdida con el crimen, pero también y sobre todo la sociedad, que podría contemplar su futuro en mejores condiciones de convivencia en paz y en libertad. Al mismo tiempo, al menos, las víctimas no perderían si todo se hiciera mediante un proceso serio, legal, con garantías y conocido por ellas.

En todo caso, tan difícil cuestión debe abordarse desde el momento en que ahora nos encontramos, siendo conscientes de los actuales condicionantes y a partir del conocimiento de las experiencias pasadas. Y la reflexión debe tener una intención práctica, capaz de proporcionar alguna orientación a quienes tienen ante sí unos retos y unas decisiones, por activa o por pasiva, tan importantes y sensibles.