El
escenario del debate acerca de las
bases de la convivencia futura de la
ciudadanía vasca y de la superación
de la violencia terrorista vivida en
las pasadas décadas se ubica en el
ágora pública y no tanto los
tribunales de Justicia; la
protagonista principal de tan
determinante cuestión es la sociedad
española y no tanto las personas
profesionales del derecho o las
decisiones de los juzgados. Es la
conclusión principal a la que se
llegó en el vigésimo seminario
Fernando Buesa celebrado a finales
de octubre en Vitoria-Gasteiz y que
reunió a los principales expertos en
materia judicial y penitenciaria,
tanto del País Vasco como de España,
e incluso a algunas referencias
internacionales con respecto a la
resolución y cierre de conflictos
violentos.
Eso
no quiere decir que la Justicia se
haya desentendido o tenga que
hacerlo de los principales temas
pendientes que quedan después de que
ETA acabara sin negociación ni
cesión, y sí por aplicación de la
norma legal establecida, a
diferencia de la mayoría de este
tipo de casos de guerrilla,
terrorismo o violencia política. La
normalidad jurídica siguió actuando,
y la consecuencia es la continuidad
en las prisiones de unos doscientos
condenados de la organización
terrorista. A su vez, la incapacidad
anterior del Estado –de la que formó
parte en algunos años una Justicia
con menos recursos, disposición,
resolución y eficacia- se manifiesta
en esos más de trescientos casos
todavía sin resolver.
Con
todo, y por lo que se pudo seguir en
las sesiones, ni las personas
condenadas de ETA" tienen una
condición privilegiada respecto de
otros, como en ocasiones se puede
leer, ni la Administración de
Justicia se ha olvidado de esas
causas cerradas en su día
prematuramente o sin visos de
resolución. En ambos casos actúan el
sistema judicial y el penitenciario,
aplicando las condiciones de
cumplimiento de penas o investigando
los casos más allá de si han
prescrito o no en el tiempo,
tratando de proporcionar luz y
verdad para las víctimas más allá
del territorio de lo penal. Son
cuestiones delicadas una y otra, y
sometidas al escrutinio cotidiano,
lo que convierte en protagonistas a
quienes se ocupan de ellas, muchas
veces a pesar suyo o con cierta
distorsión de la naturaleza de sus
decisiones o actuaciones.
El
seminario sirvió para constatar que
el Estado trabaja en estos críticos
asuntos, en muchas ocasiones en un
ambiente de confrontación, poco
sosegado. Un trabajo donde encaja
mal o tiene escasas posibilidades
prácticas una “Justicia creativa”
que busque sortear los mecanismos
garantistas de la ley para
congraciarse con determinadas
pulsiones de la opinión pública o de
determinados sectores sociales.
Cuestiones como la no prescripción
de algunos delitos, la consideración
de lesa humanidad del terrorismo y
otras se apreciaron como muy
difíciles de aplicar en el marco de
la ley que rige en nuestro país, por
lo que exagerar en esos términos
puede generar finalmente
insatisfacciones por la distancia
existente entre la realidad y las
expectativas creadas.
En
ese sentido, y esta fue la
conclusión más clara del encuentro,
no se puede depositar toda la
confianza en soluciones creativas
que procedan del ámbito judicial.
Bien al contrario, sin perder de
vista ese espacio –y la
responsabilidad que tienen ahí tanto
el poder ejecutivo como el
legislativo-, hay que tomar
conciencia de que el proceso
principal que nos queda, la
deslegitimación del terrorismo, se
resolverá en la plaza pública, en la
capacidad que tengamos aquellas
personas que defendemos la
democracia por asentar en la
ciudadanía el respeto al Estado de
derecho y la negativa más radical
ante el uso de la violencia con
intenciones políticas. De la
Justicia hay que esperar que siga
actuando con garantías tanto en
relación a las víctimas como a las
propias personas condenadas por
delitos de esta naturaleza, como ya
viene haciendo. También, que
intensifique sus esfuerzos por
proporcionar verdad de lo ocurrido,
más allá de los plazos o de las
consecuencias de orden penal de ese
conocimiento. Pero la restitución de
todos los daños que provocó durante
tanto tiempo el terrorismo no reposa
en soluciones mágicas, sino en la
voluntad y consciencia de un número
creciente de ciudadanos y
ciudadanas.
