La
actividad terrorista de ETA terminó
hace ya más de una década de la mano
del Estado de derecho y sin
negociación alguna. En consecuencia,
no se procedió a ningún tipo de
amnistía de los crímenes cometidos y
juzgados, y eso hace que en la
actualidad unos doscientos presos de
la banda continúen en las cárceles
cumpliendo su condena.
Esta
situación constituye un argumento
recurrente para que desde diversos
ámbitos se formulen propuestas
encontradas para el futuro de esos
reos. De una parte, algunas voces y
entidades cuestionan cada una de las
novedades que se producen en el
espacio penitenciario, ya sea
respecto a las condiciones del
cumplimiento de penas (traslados a
centros, progresión de grados…), ya
a las del futuro de los condenados.
Incluso en ocasiones se plantean
retroactividades de una más que
dudosa legalidad o se disparan las
alarmas ante situaciones que no son
sino consecuencia del inexorable
paso del tiempo (puestas en libertad
por cumplimiento de condena, cambio
de grados…).
Desde
otros ámbitos, se pretende que la
Justicia y el sistema penitenciario
acompañen y respalden un argumento
peregrino del tipo: si el terrorismo
ha terminado, los terroristas deben
abandonar las cárceles, más allá de
las responsabilidades penales que
tengan contraídas con la sociedad.
Sea
como sea, lo cierto es que esta
cuestión del tratamiento penal de
los antiguos miembros de ETA salta a
los medios de comunicación a partir
de declaraciones y titulares
explosivos, que las más de las veces
ocultan o distorsionan la realidad
de los hechos y, sobre todo, las
posibilidades reales que tiene el
Estado de derecho tal y como hoy
está configurado con arreglo a la
ley vigente. Por eso es preciso
conocer de la mano de expertas y
expertos en materia jurídica cuáles
son esas posibilidades y límites,
para tener un juicio sereno y
ajustado a la realidad ante tan
compleja problemática. Tratar con
mesura y justicia esta cuestión en
los próximos años es una nueva
exigencia que tienen la ciudadanía y
las instituciones democráticas, así
como los más implicados en la
creación de la opinión pública.
Para
responder a esa necesidad, el
vigésimo Seminario Fernando Buesa,
que organiza la Fundación Fernando
Buesa junto con el Instituto
Universitario Valentín de Foronda,
girará en torno a la temática de
“Justicia, verdad y convivencia”, y
contará con profesionales que
conocen esta problemática y que nos
pueden precisar el territorio real
de juego en que la misma se
desarrolla.
