Balance de una trayectoria

El vigésimo aniversario del asesinato de Jorge Díez Elorza y Fernando Buesa Blanco ha servido para que la fundación que lleva el nombre de este último los recuerde con un libro que recoge su trayectoria (Fernando Buesa: una biografía política. No vale la pena matar ni morir) y una exposición que suma además el quehacer de la entidad en este tiempo.

A la vez, la oportunidad ha propiciado que el seminario anual de la Fundación haga balance de lo andado en estos años y de la expectativa de futuro para el movimiento asociativo de las víctimas del terrorismo. El balance es harto positivo. Las víctimas, después de transitar un dificultoso camino desde que en 1981 se creara la AVT, han conseguido constituirse como sujeto colectivo capaz de visibilizarse ante la sociedad y de influir notablemente en los decisores públicos, propiciando así una legislación adecuada. Esta no se ha quedado en la ayuda asistencial a los miles de víctimas, sino que ha dado forma a la condición política de estas para que todos veamos en ellas representados los valores democráticos que el terrorismo nos pretendió arrebatar al atentar en su contra.

Una valoración tan positiva de los logros conseguidos y el cambio de situación tras el abandono de ETA anima a algunos a formular esa pregunta de “¿por qué no lo dejáis?”. La remisión de las víctimas al territorio de lo privado es algo que se demanda en ocasiones con buena voluntad, pero en las más para no tener que enfrentar el pasado reciente. La conclusión del debate de estas jornadas es que aún queda mucha tarea por delante. En el trinomio verdad, justicia, reparación siguen pendientes centenares de casos sin resolver, un relato veraz que fijar, respuestas constantes frente a quienes no se resignan a abandonar de una vez la dialéctica de la violencia de otro tiempo (recibimientos públicos a expresos) o recordatorios constantes a quienes pretenden hacer como si ETA nunca hubiera existido.

Joseba Arregi fijó con más precisión ese debe que obliga de alguna manera a las víctimas a persistir en su dimensión pública para seguir siendo testimonio y que no se olvide todo lo que se perdió y se puso en peligro en las décadas de terrorismo. Señaló dos argumentos fundamentales. El primero, asentar hasta lo infinito el “nunca más”, la no repetición, ese precepto recogido en el llamado “suelo ético” que niega la existencia de cualquier causa que pueda justificar o legitimar de nuevo en el futuro el recurso a la violencia de objetivos políticos. El segundo, mantenerse vigilantes para que a ninguna fuerza política democrática se le pase por la cabeza conformar un nuevo orden jurídico y político si no es sobre el respeto a los valores que los terroristas quisieron eliminar: la pluralidad constitutiva de la sociedad vasca y la defensa que de ella están obligados a hacer los poderes públicos.

Por ese doble camino, algún día las víctimas podrán devolver su terrible experiencia y el dolor provocado al territorio de su intimidad, cuando se pueda asegurar que el precio que pagaron no fue en vano, que la sociedad en que viven no está dispuesta a organizarse como si aquello nunca hubiera ocurrido.